LOS TRIBUNALES QUE NO ENTENDEMOS

LOS TRIBUNALES QUE NO ENTENDEMOS


Los españoles que no hemos estudiado Derecho, pero que confiamos en los Tribunales de Justicia cuando se trata de aclarar, ordenar y resolver con equidad las discrepancias de las personas físicas o jurídicas, que, en demasiadas ocasiones, aparecen en la vida de los ciudadanos, estamos todavía perplejos por la decisión que tomó recientemente el Tribunal Constitucional sobre la legalidad o no de un nuevo partido que pretende presentarse a las elecciones del 22 de mayo en las provincias vascas.

El estupor e incredulidad que ahora sentimos cientos de miles de españoles se debe al hecho de que hace pocos días el Tribunal Supremo, que entendemos que es la máxima instancia judicial de España, dictó sentencia ilegalizando el nuevo partido vasco, por estimar que tenía connotaciones claras o relaciones probadas con los terroristas que tanto daño han estado haciendo a los españoles. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, que nos parece que no está por encima del Supremo en cuanto a juzgar hechos, delictivos o de otro tipo, ha dejado sin efecto la sentencia de ilegalización del nuevo partido vasco, que ahora, y dentro de estos vericuetos difícilmente transitables e incomprensibles sobre constitucionalidad o no de leyes y decisiones, sí es legal.

Los ciudadanos necesitamos leyes claras, que protejan el bien y persigan y castiguen el mal, y que no admitan interpretaciones tan profundas y dispares que den lugar a la incongruencia de que un tribunal diga que una actividad política de determinado signo es ilegal y que otro tribunal dicte que sí es legal. También necesitamos todos los españoles que los magistrados, jueces y demás componentes de la judicatura sean neutrales, que no estén influenciados por ideas políticas, que no se vean obligados a seguir los dictados de los gobernantes y que, siempre, siempre, actúen de acuerdo con las leyes legalmente establecidas. Resulta desagradable leer o escuchar en los medios de comunicación que determinados magistrados son “progresistas” o “conservadores”, porque estos adjetivos o títulos, aplicados a los componentes del Tribunal Constitucional nos llevan a pensar que la decisión, sentencia, laudo, o como queramos llamarlo, se ha incubado en el seno y de la mano de la política.

8 de mayo de 2011

Luis de Torres