ESTATUTOS Y DISCORDIA
Los sufridos españoles, tanto los que estamos en una parte, como en la otra, de la España rota, o bien nos sentimos sorprendidos y apesadumbrados con la gresca política a que estamos asistiendo, o estamos irritados y malhumorados porque no cuajan ni se llevan a cabo las pretensiones, supuestamente justas, pero intrínsecamente equivocadas, que deseamos que se nos concedan.
Durante estos últimos días el estatuto de Cataluña está exasperando a los nacionalistas que desean que el Tribunal Constitucional les dé la razón, que el documento salga adelante sin que se toque ni un punto ni una coma del texto que prepararon los catalanistas y, por supuesto, que se admita que Cataluña es una nación, lo que, en principio, y para cualquier persona que no tenga la habilidad mental necesaria para retorcer, interpretar o amañar las leyes y disposiciones según su capricho y conveniencia, la palabra nación, o el concepto de nación, sólo es aplicable a España, “patria común e indivisible de todos los españoles”, como se dice en el Artículo 2º, del Título Preliminar, de la Constitución.
Es cierto que el Tribunal Constitucional está tardando demasiado tiempo en emitir su veredicto, sentencia, decisión, fallo, laudo o como deba llamarse, y esta tardanza no es buena para los catalanes ni para el resto de los españoles, pues ha dado lugar a que el nerviosismo de algunos políticos autonómicos haya llegado al disparate de lograr que el Parlamento de Cataluña pida al Tribunal Constitucional que se declare incompetente para dictaminar sobre el Estatuto catalán. ¿A qué extremo de estulticia hemos llegado para que algunos se atrevan a negar la competencia del más alto tribunal simplemente porque temen que su dictamen no les sea totalmente favorable? Hay que tener prudencia, paciencia y calma, y cuando se sepa el resultado ya tendremos tiempo todos para expresar nuestra opinión, unos para quejarnos o lamentarnos, otros para alegrarnos o regocijarnos. Y quizá habrá quien diga, remedando a algunos políticos: Acato la sentencia pero no la comparto.
Por otro lado, también estamos sufriendo los avatares del Estatuto de Castilla-La Mancha, en el cual se introduce una norma, artículo o condición que genera una seria e importante discrepancia entre comunidades: Tener competencias exclusivas sobre el trasvase Tajo-Segura y fijar una reserva de agua para Castilla-La Mancha. Esto dejaría prácticamente inservible el mencionado acueducto y a estas pretensiones se oponen las comunidades receptoras del agua trasvasada, que desde siempre, y aceptando la ley, están pagando el agua; es decir, que no la reciben gratis como cuando cae del cielo, sino que la están comprando a un buen precio y el dinero lo recibe Castilla-La Mancha. Pero en todo este asunto subyace algo que está más allá de la cesión o venta del agua, pues lo inaudito e inexplicable es que las aguas, sean éstas de superficie, subterráneas o de otro tipo, siempre se ha sabido, creído y comentado que son propiedad del Estado español, que es tanto como decir que las aguas son de todos los españoles. ¿O es que ahora, con la España fraccionada, cualquier comunidad puede arrogarse el derecho de propiedad, almacenamiento, distribución y uso del agua y obligar al Estado a reconocer tal derecho? Siempre había sabido que las leyes estaban para ser cumplidas, pero quizá esté equivocado, porque la democracia, tan deseada cuando no la teníamos, y tan reiteradamente invocada y alabada, ahora que la tenemos, nos está sorprendiendo con leyes, e interpretación y ejecución de algunas leyes, que los españoles comunes, esos que no tenemos mentalidad jurídica pero sí una idea simple, lógica y justa de los derechos y obligaciones que tenemos, no llegamos a comprender y nos hace dudar de las supuestas bondades de la democracia.
España se rompe y descompone, la argamasa que la tenía unida se está fragmentando y pierde ligazón, la insolidaridad aparece por doquier y algunas regiones quieren obtener ventajas, privilegios o derechos superiores a los que tienen las demás. Si en el artículo 14 de la Constitución Española se dice que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna…” parece más que lógico pensar que los estatutos que regulan la convivencia de los españoles no pueden ni deben hacer discriminaciones por razón de la zona o región en que habitan algunos de nuestros compatriotas y, por tanto, no debería autorizarse ningún estatuto particular sino que todas las autonomías tendrían que regirse por un estatuto único y general, para que todos los españoles fuéramos realmente iguales ante la ley.
La diversidad de estatutos sólo genera discordia y malestar. Sin embargo, el trabajo tenaz, honrado y bien hecho siempre aporta alegría, satisfacción y riqueza. El trabajo es lo importante, los estatutos no. Dejemos a estos últimos en la trastienda.
1 de mayo de 2010
Luis de Torres
Los sufridos españoles, tanto los que estamos en una parte, como en la otra, de la España rota, o bien nos sentimos sorprendidos y apesadumbrados con la gresca política a que estamos asistiendo, o estamos irritados y malhumorados porque no cuajan ni se llevan a cabo las pretensiones, supuestamente justas, pero intrínsecamente equivocadas, que deseamos que se nos concedan.
Durante estos últimos días el estatuto de Cataluña está exasperando a los nacionalistas que desean que el Tribunal Constitucional les dé la razón, que el documento salga adelante sin que se toque ni un punto ni una coma del texto que prepararon los catalanistas y, por supuesto, que se admita que Cataluña es una nación, lo que, en principio, y para cualquier persona que no tenga la habilidad mental necesaria para retorcer, interpretar o amañar las leyes y disposiciones según su capricho y conveniencia, la palabra nación, o el concepto de nación, sólo es aplicable a España, “patria común e indivisible de todos los españoles”, como se dice en el Artículo 2º, del Título Preliminar, de la Constitución.
Es cierto que el Tribunal Constitucional está tardando demasiado tiempo en emitir su veredicto, sentencia, decisión, fallo, laudo o como deba llamarse, y esta tardanza no es buena para los catalanes ni para el resto de los españoles, pues ha dado lugar a que el nerviosismo de algunos políticos autonómicos haya llegado al disparate de lograr que el Parlamento de Cataluña pida al Tribunal Constitucional que se declare incompetente para dictaminar sobre el Estatuto catalán. ¿A qué extremo de estulticia hemos llegado para que algunos se atrevan a negar la competencia del más alto tribunal simplemente porque temen que su dictamen no les sea totalmente favorable? Hay que tener prudencia, paciencia y calma, y cuando se sepa el resultado ya tendremos tiempo todos para expresar nuestra opinión, unos para quejarnos o lamentarnos, otros para alegrarnos o regocijarnos. Y quizá habrá quien diga, remedando a algunos políticos: Acato la sentencia pero no la comparto.
Por otro lado, también estamos sufriendo los avatares del Estatuto de Castilla-La Mancha, en el cual se introduce una norma, artículo o condición que genera una seria e importante discrepancia entre comunidades: Tener competencias exclusivas sobre el trasvase Tajo-Segura y fijar una reserva de agua para Castilla-La Mancha. Esto dejaría prácticamente inservible el mencionado acueducto y a estas pretensiones se oponen las comunidades receptoras del agua trasvasada, que desde siempre, y aceptando la ley, están pagando el agua; es decir, que no la reciben gratis como cuando cae del cielo, sino que la están comprando a un buen precio y el dinero lo recibe Castilla-La Mancha. Pero en todo este asunto subyace algo que está más allá de la cesión o venta del agua, pues lo inaudito e inexplicable es que las aguas, sean éstas de superficie, subterráneas o de otro tipo, siempre se ha sabido, creído y comentado que son propiedad del Estado español, que es tanto como decir que las aguas son de todos los españoles. ¿O es que ahora, con la España fraccionada, cualquier comunidad puede arrogarse el derecho de propiedad, almacenamiento, distribución y uso del agua y obligar al Estado a reconocer tal derecho? Siempre había sabido que las leyes estaban para ser cumplidas, pero quizá esté equivocado, porque la democracia, tan deseada cuando no la teníamos, y tan reiteradamente invocada y alabada, ahora que la tenemos, nos está sorprendiendo con leyes, e interpretación y ejecución de algunas leyes, que los españoles comunes, esos que no tenemos mentalidad jurídica pero sí una idea simple, lógica y justa de los derechos y obligaciones que tenemos, no llegamos a comprender y nos hace dudar de las supuestas bondades de la democracia.
España se rompe y descompone, la argamasa que la tenía unida se está fragmentando y pierde ligazón, la insolidaridad aparece por doquier y algunas regiones quieren obtener ventajas, privilegios o derechos superiores a los que tienen las demás. Si en el artículo 14 de la Constitución Española se dice que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna…” parece más que lógico pensar que los estatutos que regulan la convivencia de los españoles no pueden ni deben hacer discriminaciones por razón de la zona o región en que habitan algunos de nuestros compatriotas y, por tanto, no debería autorizarse ningún estatuto particular sino que todas las autonomías tendrían que regirse por un estatuto único y general, para que todos los españoles fuéramos realmente iguales ante la ley.
La diversidad de estatutos sólo genera discordia y malestar. Sin embargo, el trabajo tenaz, honrado y bien hecho siempre aporta alegría, satisfacción y riqueza. El trabajo es lo importante, los estatutos no. Dejemos a estos últimos en la trastienda.
1 de mayo de 2010
Luis de Torres
