Fuimos muchos los españoles que, casi ahogados por las pestilentes vaharadas que se desprendían de las infames disposiciones que aprobaban los políticos progresistas, decidimos ir a las últimas elecciones generales con el firme propósito de llevar al poder a un partido que pusiera orden en España, que barriera toda la legislación que va contra el sentido común, las buenas costumbres y las leyes naturales, y que la justicia actuara con presteza, energía e imparcialidad contra todo tipo de delincuencia y contra los que incumplen las normas establecidas en nuestra Constitución. El propósito que nos marcamos infinidad de españoles salió adelante y las urnas ofrecieron al Partido Popular una victoria con mayoría absoluta, que les daba la posibilidad de gobernar con holgura, cumplir con sus promesas electorales, y dar la debida satisfacción a sus electores.
Pero he aquí que los políticos que llegaron al poder, una vez pasado el primer momento feliz, el fervor, la vehemencia y las alharacas correspondientes a su victoria, empezaron a olvidarse de sus promesas electorales, no sabemos si fue porque el peso que habían asumido era demasiado oneroso, porque no tenían claro por donde debían empezar, porque querían moverse con cautela y prudencia, o porque la Unión Europea les había impuesto obligaciones que trastocaban el orden a seguir en sus planes de gobierno.
Por una causa o por otra, lo cierto es que los electores no encontrábamos justificación a la laxitud que estábamos observando en el quehacer del gobierno y ahora nos hallamos mohínos, disgustados, descontentos y malhumorados porque la masiva confianza que depositamos en el Partido Popular no se ha visto correspondida como todos esperábamos, y el futuro que contemplamos no lo vemos ni con nitidez ni con esperanza, y ojalá que estemos equivocados en nuestra percepción del presente y del porvenir.
Todavía tenemos en nuestra mente asuntos de suma importancia que, lejos de haber sido resueltos, están paralizados, u olvidados, o colocados al final de la lista de todas las acciones gubernamentales, o guardados en el polvoriento y reseco cajón de las promesas incumplidas, que todos los gobiernos suelen utilizar, sin que les importe un bledo el posible enfado de sus electores.
Hace muy poco tiempo, parte de la ciudadanía española se manifestó a favor de la vida, que es tanto como recordar a nuestros gobernantes que se hace necesario derogar ya, en su totalidad, sin más demora, la infame ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que va contra las leyes naturales y contra la justicia en estado puro, porque no se puede considerar un derecho de la mujer que ésta pueda decidir la privación de la vida a su hijo no nacido, ni tampoco ninguna persona tiene el derecho a colaborar o intervenir en un aborto provocado.
También hay que derogar la ley de los matrimonios entre personas del mismo sexo, porque las uniones matrimoniales tienen, en su base, la continuación de la especie humana, y de ahí que el matrimonio sea la unión legal, civil o religiosa, o ambas, de un hombre y una mujer. Las uniones de personas del mismo sexo no pueden cumplir con la ley natural de la continuidad de la especie humana, y, por tanto, su unión debe tener otro nombre u otra consideración civil.
No podemos olvidar tampoco que el anterior gobierno socialista derogó el Plan Hidrológico Nacional por cuestiones meramente políticas o partidistas, y con esta insensata actuación gubernamental se cometió una tremenda injusticia, ya que se condenó a una gran parte de España a seguir sufriendo la sed endémica de siglos, aumentada en los últimos tiempos debido a la mayor demanda de agua para una creciente población, para la industria, y para la agricultura, y esta situación de carencia se consintió deliberadamente a pesar de que la España húmeda contaba con excedentes hídricos, como está ocurriendo ahora que, debido a las importantes precipitaciones de agua y nieve, no sólo se han colmado varios pantanos y posiblemente se hayan recuperado muchos acuíferos, sino que, además, y por un exceso de agua, se han inundado varias localidades y se han anegado campos de cultivo con pérdida de las cosechas.
Por todo lo expuesto, también urge que se active nuevamente el Plan Hidrológico Nacional y que se llegue a la interconexión de cuencas, en el entendimiento de que los caudales a trasvasar sean los sobrantes que se produzcan en determinadas cuencas, esos volúmenes de agua que pueden causar daños en unas zonas, y que su desvío en ciertos momentos a otras tierras sedientas pueden aliviar la tradicional falta del codiciado y necesario líquido elemento.
Quedan otras cosas pendientes de resolución u ordenación, y será necesario promulgar nuevas leyes, o modificar y reestructurar leyes que ya fueron aprobadas, pero que tienen graves defectos, mas estos asuntos, de momento, los dejamos para comentarios futuros.
